GRAVE DEBILIDAD INSTITUCIONAL DE CORPORACIONES

GRAVE DEBILIDAD INSTITUCIONAL DE CORPORACIONES

La crisis de valores a la que nos enfrentamos  a causa del crimen organizado y la impunidad, nos ha llevado a arremeter contra la integridad física de

EL INE IDENTIFICÓ MÁS DE 700 CADÁVERES
MOTO-MOLIDO
SIGUEN HASTA SU CASA A LA VÍCTIMA, AHÍ LE DISPARAN Y MUERE

La crisis de valores a la que nos enfrentamos  a causa del crimen organizado y la impunidad, nos ha llevado a arremeter contra la integridad física de los unifromados de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes deberian ser respetados y considerados como la autoridad ante casos de emergencia.

Es una lamentable realidad que da el ciudadano violento quien se siente con todas las garantías para agredir a los policías, el cual también es considerado como impunidad y un ultrage en contra de la autoridad.

En lo que va de este año se ha incrementado las agresiones contra servidores públicos, según la Asamblea Legislativa de la CDMX de enero a noviembre, del año presente, 207 policías han resultado heridos y 16 han muerto derivado de una agrasión por ciudadanos.

EN HECHOS RESIENTES

El oficial José Pérez Abarca, fue sacado a empujones de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, en Cancún, en el estado de Quintana Roo, donde fue nombrado como encargado de despacho por Alberto Capella Ibarra, extitular de la CES en Morelos y actual secretario de Seguridad Pública de aquella entidad.

De acuerdo con diversos portales de noticias de Quintana Roo, los policías se sublevaron presuntamente por malos tratos y por carecer de equipo básico y armamento (ya que varios carecen de licencia para portar armas), así como por recibir órdenes para combatir el crimen organizado pese a que no está legalmente en su jurisdicción.

Por Twitter, Alberto Capella Ibarra, como fue su estilo cuando fungió en Morelos como titular de la CES, calificó como grave el comportamiento de los policías y les advirtió que estos actos no los tolerará.

Dos elementos de la Policía Federal y dos municipales fueron retenidos, desarmados y amarrados por miembros de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI) que mantenían un bloqueo en la carretera federal Panamericana; uno de ellos fue liberado horas después, tras negociaciones con la corporación, de acuerdo con fuentes federales y estatales.

Durante una persecución por calles de Iztapalapa, un policía segundo, quien en responde al nombre de José Armando Herredías Chávez abrió fuego contra un asaltante que acababa de dispararle en dos ocasiones.

La bala pegó en el pecho del malandro y murió casi instantánea mente, herredías hacía la persecución a pie y su compañero de patrulla intentaba dar la vuelta a la manzana para cerrarle el paso de frente al asaltante. De modo que en ese instante el policía segundo se encontró solo.

La gente que estaba en la calle comenzó a insultarlo. A grabarlo con teléfonos celulares. “¡Tú lo mataste!”, le gritaban. “¡Ese oficial lo mató!”.

Herredías se vio rodeado por más de 30 personas que vociferaban, iracundas. Una de ellas intentó arrancarle la placa. Los habitantes de la Unidad Habitacional Los Ángeles salieron a mirar. “¡Este le disparó al muchacho!”, gritó alguien.

Herredías llegó a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina hace cinco años. Acababa de terminar la prepa. Hoy tiene 24 y una niña de tres años. Su sueldo mensual es de 8 mil pesos

Los policías, al igual que cualquier otro ciudadano, son sujetos de garantías individuales, cuando un civil agrede a un agente se convierte en un delito que tiene que ser investigado.

Los policías, desde luego, tienen derechos humanos  y no sólo por su condición de ciudadanos, tienen derechos humanos como personas en general, pero también por la función pública que desarrollan.

La alteración del orden público es un delito penal que ocurre cuando una persona participa en algún tipo de agresión contra un servidor público, cuando las palabras o la conducta de una persona ponen en peligro el derecho de los demás de gozar de paz y tranquilidad, pueden acusarla de alteración del orden público.

Las leyes de alteración del orden público se abarcan en ordenanzas estatales o locales. Si bien la alteración del orden público no se considera un delito penal grave, es un delito punible con penas de prisión, multas económicas o ambas.